La propuesta entregada al Congreso contempla protección inmediata para las víctimas, reparación integral del daño, coordinación entre autoridades y participación ciudadana.
Monterrey, Nuevo León.— Regeneración Ciudadana presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para expedir una Ley contra la Violencia Familiar en Nuevo León, con la que busca fortalecer la prevención, investigación y sanción de estas conductas, además de ampliar la protección y atención para las víctimas.
La presentación fue encabezada por el doctor Luis Gerardo Vázquez Payán, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Regeneración Ciudadana, quien acudió a la Oficialía de Partes del Congreso acompañado por el doctor Mario Alberto Hernández Ramírez y el licenciado Arturo Galván para entregar formalmente el proyecto.
En la formulación de la iniciativa tuvieron una participación destacada el doctor Mario Alberto Hernández Ramírez y la maestra Dominga Balderas Martínez, presidentes colegiados del Centro Estatal de Formación Política de Regeneración Ciudadana.
Su trabajo se concentró en estructurar una propuesta que reuniera en un mismo ordenamiento medidas de prevención, investigación, sanción, protección y reparación integral para las personas afectadas por la violencia familiar.
La iniciativa también fue suscrita por las licenciadas Nora Cantú, Yahaira Cruz, Sonia Galván y Fernanda Ortiz, así como por el licenciado Arturo Galván. Sus integrantes acompañaron la presentación como parte del trabajo colectivo desarrollado por la organización.
Durante un mensaje ofrecido después de la entrega, Luis Gerardo Vázquez Payán definió el proyecto como una “iniciativa integral” y explicó que la intención es contribuir con soluciones para Nuevo León.
“Como organización queremos contribuir, poner un granito de arena para Nuevo León, para poder apoyar a todas aquellas víctimas de violencia familiar”, expresó el presidente de Regeneración Ciudadana.
La propuesta refleja el liderazgo de Vázquez Payán al frente de la organización, así como el trabajo jurídico, político y ciudadano de sus integrantes. Con esta entrega, Regeneración Ciudadana reforzó una línea de participación basada en la presentación de iniciativas para atender problemáticas sociales y fortalecer el marco jurídico estatal.
Luis Gerardo Vázquez Payán explica los objetivos de la iniciativa presentada por Regeneración Ciudadana.¿Qué propone la iniciativa?
El proyecto consta de 41 artículos distribuidos en 10 capítulos, además de tres disposiciones transitorias.
Su objetivo es establecer mecanismos de coordinación para prevenir, investigar y sancionar la violencia familiar, así como regular la protección de las víctimas y la reparación integral del daño.
La iniciativa reconoce como violencia familiar las acciones u omisiones graves que causen daño psicológico, físico, sexual, patrimonial o económico. Su alcance comprende a cónyuges, concubinas o concubinos, familiares, exparejas y personas sujetas a guarda, custodia, protección o cuidado, aunque el agresor y la víctima no vivan en el mismo domicilio.
Entre sus principales planteamientos se encuentran:
- La investigación de oficio de los casos de violencia familiar.
- La emisión de órdenes de protección.
- La atención médica, psicológica, jurídica y social para las víctimas.
- El resguardo o traslado de personas cuando exista una situación de riesgo.
- La preservación de pruebas y de la cadena de custodia.
- Medidas para evitar la revictimización durante los procedimientos.
- La reparación integral de los daños físicos, psicológicos, patrimoniales y morales.
- La capacitación especializada de policías, ministerios públicos, personal de salud y otras autoridades.
- La realización de campañas permanentes de prevención.
- La elaboración de indicadores e informes públicos para evaluar resultados.
Integrantes de Regeneración Ciudadana durante la entrega del proyecto en el Congreso del Estado.Penas y reparación integral del daño
La propuesta fija una pena de dos a seis años de prisión para el delito de violencia familiar.
También contempla la pérdida de derechos hereditarios, de alimentos, patria potestad o tutela que el responsable pudiera tener respecto de la persona agredida. El sentenciado tendría que recibir tratamiento para su rehabilitación médico-psicológica y cubrir el tratamiento necesario para la recuperación integral de la víctima.
Las sanciones podrían aumentar hasta en una mitad cuando la conducta ponga en peligro la vida, provoque lesiones graves o afecte a niñas, niños, personas embarazadas, adultas mayores, con discapacidad o pertenecientes a grupos vulnerables, entre otros supuestos establecidos en el proyecto.
La reparación integral comprendería los gastos médicos y psicológicos, los daños materiales y morales, la pérdida de ingresos u oportunidades laborales y educativas, así como los gastos jurídicos derivados del caso.
Cuando estuviera involucrado un servidor público, la iniciativa contempla también medidas dirigidas a restituir la dignidad y reputación de la víctima.
Consejo Ciudadano y participación social
Otro de los puntos relevantes es la creación de un Consejo Ciudadano Consultivo convocado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
El organismo estaría integrado por representantes de la sociedad civil y especialistas, quienes participarían con voz y voto. De acuerdo con el proyecto, el consejo sesionaría al menos una vez al mes para revisar las políticas relacionadas con la prevención, investigación y atención de la violencia familiar.
La iniciativa también propone reuniones de planeación entre las áreas especializadas de procuración de justicia, policías y autoridades responsables de atender a las víctimas.
El Congreso deberá revisar su armonización
La entrega de la iniciativa no significa que sus disposiciones ya se encuentren vigentes. El documento deberá ser registrado, turnado a comisión, sometido a revisión técnica y, en su caso, dictaminado y votado por el Pleno del Congreso.
Los promoventes solicitaron que el proyecto sea remitido a la comisión competente en materia de seguridad y justicia. También propusieron la realización de una convocatoria pública para discutir su contenido y recibir aportaciones de autoridades, organizaciones ciudadanas y especialistas.
Uno de los puntos que deberá analizar el Congreso es su armonización con las normas existentes.
Nuevo León cuenta desde 2006 con la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar. Por su parte, el Código Penal estatal establece actualmente penas de tres a siete años de prisión para este delito.
La iniciativa presentada por Regeneración Ciudadana plantea derogar las disposiciones sobre violencia familiar contenidas en el Código Penal y establecer una pena de dos a seis años. Tal como se encuentra redactado el documento, esto representaría una reducción de la pena mínima y máxima, aspecto que deberá aclararse durante el proceso legislativo.
El Congreso estatal también tiene registro de una iniciativa ciudadana semejante presentada en 2017, compuesta igualmente por 41 artículos y tres disposiciones transitorias. El análisis legislativo deberá determinar qué elementos actualizados incorpora el nuevo documento y cómo se relacionaría con el marco vigente.
Con su presentación, Regeneración Ciudadana busca colocar nuevamente en la agenda pública la prevención de la violencia familiar, la protección oportuna de las víctimas y la necesidad de que la reparación del daño forme parte central de la respuesta institucional.