Carlos Canabal Ruiz, exalcalde interino de Cancún, fue detenido el lunes 16 de noviembre en Mérida, Yucatán, por una orden de aprehensión relacionada con una investigación por presunta administración fraudulenta en perjuicio de una empresa, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
La captura ocurrió en la colonia Altabrisa y fue ejecutada por agentes de Seguridad e investigación de Yucatán, junto con fuerzas federales. La orden fue emitida por un juez de control de la Ciudad de México. La acusación se refiere a contratos entre la empresa Inteligencia México y la financiera Unifin, de acuerdo con Xavier Olea Trueheart, abogado de una de las partes involucradas.
Este expediente es distinto del proceso por 531 millones de pesos que Canabal ya enfrentaba. Las autoridades no han informado cuánto se le atribuye en la nueva causa. La detención tampoco corresponde a la orden de reaprehensión relacionada con su salida de Nuevo León, la cual, según el abogado, está suspendida por un amparo promovido por el exfuncionario.
El antecedente en Nuevo León
Canabal fue detenido por primera vez el 9 de febrero de 2024 en la carretera federal Playa del Carmen-Tulum y trasladado al Centro de Reinserción Social 1 Norte, en Apodaca. En diciembre de ese año obtuvo prisión domiciliaria, con brazalete electrónico y vigilancia policial, mientras seguía su proceso.
El 26 de abril de 2025 desapareció del departamento donde cumplía esa medida, en San Pedro Garza García. Un juez de Nuevo León lo declaró sustraído de la Justicia y ordenó su reaprehensión. La captura en Mérida abre ahora una vía distinta: responde a una orden de un juez capitalino por otro expediente, no a aquella orden estatal.
Inteligencia México había obtenido en 2015 una concesión para recolectar basura en Cancún por un plazo de hasta 20 años. De acuerdo con información publicada por Pie de Página, la compañía recurrió a préstamos y al arrendamiento de 68 camiones que no pagó, con adeudos superiores a 270 millones de pesos con dos sociedades financieras.
Unifin anunció en agosto de 2022 que no podía cumplir sus obligaciones de pago y colapsó con una deuda superior a 80 mil millones de pesos. Ese antecedente dimensiona el contexto financiero del nuevo expediente, pero no determina la responsabilidad de Canabal, que deberá establecerse en el proceso judicial.


