Nuevo León: tres intentos y una posibilidad en el horizonte”>El Congreso de Nuevo León analiza una cuarta iniciativa ciudadana para convertir en ley la atención a personas migrantes, refugiadas, retornadas y desplazadas. La propuesta fue presentada a finales de 2024 por las casas de migrantes Monarca, INDI y Casa Nicolás, en un estado que ya cuenta con experiencias de coordinación entre autoridades, organizaciones civiles y organismos internacionales.
El planteamiento busca dar continuidad y respaldo jurídico al trabajo realizado por el Espacio de Igualdad e Inclusión para Personas Migrantes, Refugiadas, Retornadas y Desplazadas durante el actual gobierno estatal, aunque la operación de este modelo ha enfrentado limitaciones presupuestales.
Una agenda con tres intentos previos
La discusión legislativa tiene como antecedente una primera iniciativa impulsada en 2019 por diputados de Movimiento Ciudadano, cuando Nuevo León recibió a personas de las caravanas migrantes en un contexto de cambios en la Política migratoria mexicana y de mayores medidas de contención.
En 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Casa Monarca y el PRI promovieron una segunda propuesta. Para entonces, la presencia de personas procedentes de Venezuela, Honduras, Colombia, El Salvador y Cuba había aumentado en la entidad, mientras el programa Quédate en México contribuyó a que entidades fronterizas se convirtieran en lugares de espera prolongada. Esa iniciativa no avanzó.
El PRI presentó una tercera propuesta en febrero de 2022, cuando Monterrey comenzaba a consolidarse como destino para personas haitianas y venezolanas que buscaban solicitar el reconocimiento como refugiadas, acceder a un Empleo o establecerse en la ciudad. En ese periodo también se registró un récord de solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, incluida su delegación en Monterrey, de acuerdo con el texto de opinión de Yetzi Rosales Martínez, investigadora por México-Secihti.
Las dos iniciativas anteriores quedaron sin concretarse, por lo que la propuesta actual representa un nuevo intento de establecer responsabilidades permanentes para el estado y los municipios en la atención de esta población.
El reto de definir responsabilidades y presupuesto
Rosales Martínez plantea que el Congreso debe superar la idea de que la migración es un asunto exclusivamente federal y delimitar las atribuciones que sí corresponden a Nuevo León. La entidad ya cuenta con una Comisión de Asuntos Migratorios, pero todavía requiere acuerdos entre las distintas bancadas para definir quién implementaría la eventual ley y con qué recursos.
La propuesta cuenta, según la investigadora, con respaldo técnico de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, agencias de Naciones Unidas, instituciones académicas y el Grupo de Trabajo de Política Migratoria.
El debate ocurre mientras Nuevo León es señalado en el texto como la quinta entidad con mayor porcentaje de personas inmigrantes residentes en el país y mantiene un rezago frente a otros estados que ya tienen un marco normativo específico. La aprobación de una ley no resolvería por sí misma las necesidades de atención, pero permitiría establecer obligaciones institucionales y dar mayor continuidad al trabajo que actualmente depende de la colaboración entre autoridades y organizaciones.
