Nuevo León“>María de los Ángeles García de Bryant, de 71 años, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investigar un presunto despojo relacionado con mil 194 hectáreas de terreno en Santa Catarina, predios que fueron vendidos a Tesla en 2023 para construir una Gigafactory que finalmente no se concretó.
La mujer, originaria de Monterrey y residente en McAllen, Texas, sostiene que los terrenos pertenecen a su familia. En el oficio de investigación también aparecen mencionados Elon Musk, funcionarios y exfuncionarios del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, además de integrantes de la familia Garza Dávila.
Una disputa que se remonta a 1931
El conflicto tiene como antecedente una escritura pública registrada en 1931, 18 años después de la muerte del general y exgobernador de Nuevo León Lázaro Garza Ayala, quien nació en 1830 y falleció en 1913.
La denuncia sostiene que una persona se habría hecho pasar por Garza Ayala para registrar de manera fraudulenta una operación de compraventa relacionada con el predio.
Décadas después, esos documentos habrían formado parte de la cadena de propiedad de los terrenos conocidos como El Carvajal, ubicados a la altura del kilómetro 52 de la carretera Monterrey-Saltillo, en las faldas de la Sierra Madre Oriental y al poniente de la zona metropolitana de Monterrey.
En 2019, García de Bryant y sus familiares promovieron un juicio contencioso administrativo contra la administración del entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón y funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado, encabezada en ese momento por Carlos Garza Ibarra.
La acusación planteaba que funcionarios habían borrado registros y archivos catastrales relacionados con los terrenos del rancho El Carvajal.
La compraventa de los terrenos para Tesla
El 1 de marzo de 2023, Elon Musk anunció durante el Investor Day de Tesla, realizado en Austin, Texas, que la empresa construiría una nueva Gigafactory en Santa Catarina, Nuevo León.
El proyecto contemplaba una Inversión multimillonaria, generación de empleos y la llegada de proveedores para la industria automotriz y de electromovilidad. El gobierno estatal comenzó a preparar obras de vialidad, accesos y mejoras en los alrededores de la carretera Monterrey-Saltillo, además de acciones relacionadas con el suministro de agua.
Ocho días después del anuncio, el 9 de marzo de 2023, una filial de Tesla en México adquirió cuatro polígonos ubicados en el kilómetro 52 de la vía Monterrey-Saltillo.
Los terrenos fueron vendidos por seis hermanos de la familia Garza Dávila por 98 millones 705 mil 972 dólares, equivalentes a mil 793 millones 487 mil 533 pesos, con una cotización de 18.09 pesos por dólar.
El primer polígono tenía una superficie de 544 hectáreas y fue vendido en 44 millones 906 mil 243 dólares. El segundo abarcaba 644 hectáreas y tuvo un precio de 53 millones 210 mil 703 dólares.
El tercer terreno contaba con seis hectáreas y fue vendido en 576 mil 024 dólares, mientras que el cuarto tenía una superficie de 0.15 hectáreas y un valor de 13 mil dos dólares.
La operación quedó asentada en la escritura número 411, inscripción 546, volumen 173, libro 22, sección Propiedad, de la Unidad Santa Catarina, boleta 26130257 e IDLibro 555659.
El trámite se realizó ante Sergio Luis Reese García, notario público titular de la Notaría Pública número 11 de Nuevo León, y fue inscrito por Julio David Ramírez Sánchez, quinto registrador de la propiedad del Primer Distrito del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León.
Pago de impuestos y recursos en fideicomisos
Por la adquisición, Tesla debía pagar 53 millones 804 mil 626 pesos por concepto del Impuesto por Adquisición de Inmueble.
Sin embargo, la Tesorería del municipio de Santa Catarina aplicó una bonificación el 8 de marzo de 2023, debido a que se trataba de una compañía considerada 100 por ciento sustentable. Con ese beneficio, el pago se redujo a 26 millones 902 mil 313 pesos.
El dinero de la operación fue canalizado mediante bancos y fideicomisos. La mitad del pago se destinó al fiduciario Banregio y la otra mitad a INVEX.
La filial de Tesla transfirió casi 100 millones de dólares a HSBC México, en una cuenta a nombre de Armour Secure Escrow, agente de seguros en el City Bank de Nueva York. Posteriormente, los recursos fueron enviados a los fideicomisos IVX y BRG, de Banco INVEX y Banregio, así como a la empresa Comercio y Servicios Industriales Acerta SA de CV.
La Gigafactory quedó en pausa
Durante 2023, Tesla puso en pausa algunos planes de expansión. Posteriormente, Musk condicionó el proyecto en México al resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
En julio de 2024, el empresario señaló que los posibles aranceles anunciados por Donald Trump para los vehículos producidos en México reducían los incentivos para invertir en una planta en el país.
La fábrica no se construyó. Tesla retiró de su sitio web más de 100 vacantes relacionadas con el proyecto y el terreno permaneció sin la planta anunciada para Santa Catarina.
La denuncia fue remitida a Santa Catarina
El 23 de febrero de 2025 se dio a conocer que una parte de los terrenos vendidos a Tesla se encontraba bajo disputa legal y que García de Bryant afirmaba que esos predios habían sido despojados ilegalmente a su familia.
La mujer presentó inicialmente una solicitud de apoyo ante el gobierno federal para investigar el presunto delito. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, remitió la queja a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, dirigida por Javier Flores Saldívar.
El oficio fue enviado por María Trinidad Belaunzarán González de Cosío, encargada del despacho de la Dirección General de Atención y Cuidado Comunitario de esa dependencia.
La Fiscalía recibió el documento a trámite el 21 de abril de 2026, bajo el número NUC 049792/2026, y lo turnó a la Unidad de Tramitación Masiva del municipio de Santa Catarina.
La remisión a esa unidad significa que la petición fue asignada a un área encargada de investigar delitos que no implican violencia física grave, entre ellos robos, delitos culposos o fraude patrimonial.
La apertura del trámite no acredita el presunto despojo ni determina responsabilidad penal contra Elon Musk, funcionarios, exfuncionarios o particulares. Corresponderá a la Fiscalía investigar el origen de los terrenos, la cadena de propiedad y la legalidad de la compraventa realizada en 2023.
Contexto y análisis
La disputa por los terrenos de Santa Catarina comenzó antes del anuncio de Tesla y se relaciona con registros de propiedad cuya validez es cuestionada por García de Bryant y su familia.
La compraventa involucró mil 194 hectáreas, bancos, fideicomisos, una operación por mil 793 millones de pesos y trámites ante autoridades registrales y municipales. La investigación deberá establecer si existió un despojo previo y cómo esos predios llegaron a formar parte de la operación inmobiliaria con Tesla.